Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Las encuestan realizadas por los candidatos coinciden en un solo punto: entre el 70% y el 80% de los consultados dijeron que la seguridad es lo que más les preocupa. La “sensación” de salir a la calle y no saber qué le puede suceder genera más angustia que la crisis económica, como sucede en la gran mayoría de los otros distritos del país. Sin embargo, los candidatos pareciera que sintonizan otro canal. No escuchan los gritos de “hagan algo” que surgen de las mediciones.

Quedan poco más de tres meses para los comicios y hasta el momento ningún postulante dijo qué hará para frenar la inseguridad. Sólo disparan algunas ideas demagógicas o plantean parches con los que tratan de convencer a los votantes. No se conoce ni un proyecto a largo plazo. Por ejemplo, Ricardo Bussi no se cansa de repetir que enviará al Ejército a las calles si es que llegara a ser electo. Pero este candidato no aclara que para cumplir con su absurda promesa primero deberá conseguir que el Congreso nacional modifique las leyes. Después tratar de encontrar a los soldados, puesto que en la provincia sólo funciona una guarnición en el Liceo Militar que tiene menos de 100 hombres. Será más fácil que la cotización del dólar baje a $ 20 que tener militares vigilando las calles tucumanas.

También están los que apuestan a una mayor presencia de efectivos de las fuerzas federales en nuestras tierras para realizar tareas de prevención. Miran a Santa Fe, a Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde los gendarmes y los prefectos forman parte del paisaje desde hace años. Y no es extraño que ocurra en esas provincias: allí se definen las elecciones por la cantidad de votantes que hay. Es muy poco probable que la Nación decida hacer lo mismo en Tucumán, un distrito que no lo ayudará a ganar una contienda electoral y que además es de otro color político.

Desplazar de las fronteras a los hombres que fueron entrenados para protegerla abrirá aún más las puertas para que los narcos ingresen drogas con mayor facilidad. Otra cuestión: nadie puede asegurar que con los federales se haya acabado con la inseguridad en los lugares donde supuestamente deberían hacer prevención.

Los candidatos no hablan porque no tienen qué decir. No saben qué hacer con un problema tan grave para los tucumanos como la inseguridad. Es una utopía pensar que, por el bien de toda la sociedad, se sienten en una mesa para tratar de resolver entre todos este drama ante la falta de un proyecto serio. Tampoco lo hicieron en los más de tres años de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia de Seguridad.

De ese cuerpo formado en la Legislatura no salió ni una idea con la que se podría haber ayudado a disminuir los índices delictivos. En los próximos días, el ministro Claudio Maley volverá a presentar su informe cuatrimestral que será apoyado por los oficialistas y cuestionado por los opositores. Los tucumanos presenciarán una vez más chisporroteos políticos y cruce de acusaciones, pero no escucharán ninguna posible solución.

Interrogantes

El Gobierno anunció una serie de medidas para tratar de frenar la inseguridad. La pregunta no es por qué se demoró tanto, sino por qué cambió. En diciembre de 2017, el PE le entregó un ministerio de Seguridad a Maley con la esperanza de revertir la situación. Pero se equivocó. Los números reflejan cómo se agravó el problema durante su gestión. En los próximos días se conocerán las estadísticas de 2018 de los índices delictuales que elabora la Nación.

Se cree que la tasa de homicidios en situación de robo (la que manda a la hora de analizar un plan de seguridad) se habría incrementado en más de un 15%, el número más alto desde que se realiza este estudio. Y en lo que va del año, la comparación interanual creció un 140%. Con Regino Amado (ministro) y Paul Hofer (secretario) esos mismos números oscilaron entre el 9% y el 13% que era la media nacional.

Los cambios que anunció el Gobierno no son nuevos. Es lo que hicieron Amado/Hofer cuando estuvieron en el cargo. En 15 meses dejaron de lado el plan de sus antecesores y ahora tratan de repararlo para ponerlo nuevamente en práctica. Los ejemplos sobran. Al abandonado Servicio 911 ahora lo recuperarán dotándolo de más móviles, ya que está funcionando al 50% de su capacidad por falta de vehículos.

En los próximos días, las calles serán recorridas por dos grupos Antipirañas que perseguirán a motochorros, el mismo fin que tenía el Grupo de Operaciones Motorizadas Tucumán (GOMT) que también fue sacado de acción en los últimos meses. Con duras sanciones y retiros, tratarán de ordenar una Policía que estaba descontrolada porque no tenía una cabeza que la organizara y, fundamentalmente, la controlara. Manuel Bernachi, hombre mimado de la anterior gestión, conduce ahora la fuerza. En muy poco tiempo hizo lo que durante meses se había abandonado: tareas de prevención.

En materia de seguridad no importan los nombres. La clave está en crear políticas que se mantengan con el tiempo. Que se redoblen y potencien los aciertos y se corrijan los errores. Los resultados no se conseguirán de manera inmediata. Habrá que esperar por los buenos resultados. Antes se debe reconocer el problema, hacer un diagnóstico y recién ahí comenzar a trabajar en las soluciones. Los tres poderes del Estado y la sociedad deben involucrarse en esa titánica tarea. Pero si no se reconoce esta situación, los tucumanos seguirán reclamando por más seguridad y nuestros dirigentes continuarán sintonizando otro canal.